La ley de segunda oportunidad únicamente permite la cancelación de las deudas (exoneración del pasivo insatisfecho) a las personas que cumplan con los requisitos que la ley determina para ser considerado deudor de buena fe. Para ello, el deudor empresario o deudor persona física no empresaria deben cumplir unos requisitos legales.

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Requisitos para el deudor de buena fe en la ley de segunda oportunidad

En primer lugar el concurso no debe calificarse como culpable. Y ¿qué es un concurso culpable?, básicamente que el deudor haya generado o agravado su estado de insolvencia mediante dolo o culpa grave.

  • En principio, no se considerará concurso culpable, el retraso en la presentación del concurso, siempre que no haya agravado la situación de insolvencia. En la práctica concursal de los juzgados, son muy pocos los concursos que se declaran culpables.
  • Y asimismo, cuando se concluye un concurso por insuficiencia de masa activa, tampoco se apertura la pieza de calificación y no se valora la culpabilidad del mismo. Esto también es muy habitual en estos procesos. Por tanto, en ese primer aspecto a valorar, la buena fe se suele cumplir.

En segundo lugar, que el deudor no haya sido condenando en sentencia penal firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Con la aportación del certificado de antecedentes penales, se cumple el requisito para obtener el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) o la cancelación de las deudas.

En tercer lugar, el requisito del intento de celebración de un acuerdo extrajudicial de pagos, (en adelante, AEP). Es el requisito más discutido, y el que suelen atacar los acreedores para dificultar que el deudor consiga la cancelación o eliminación de sus deudas en la ley de segunda oportunidad.

La discusión proviene de la interpretación del verbo “intentar” un AEP. Si se ha celebrado el AEP, no hay discusión alguna entre la jurisprudencia y doctrina de aplicación de la ley de segunda oportunidad. La opinión mayoritaria parece que aboga por considerar que se ha “intentado” cuando el AEP haya fracasado por causas no imputables al deudor.

En este caso, sería cuando los acreedores  no acepten la propuesta o deciden no continuar, cuando el mediador concursal decida no presentar propuesta a los acreedores y presente directamente concurso, en base a las circunstancias del deudor, o cuando la solicitud de AEP haya sido admitida  y no se haya aceptado el cargo de mediador concursal por causa no imputable al deudor. Este último caso es muy habitual en la práctica.

Respecto a este requisito de haber intentado el AEP, algunos acreedores han pretendido impugnar que no se cumplía este requisito de la buena fe, por haber presentado un AEP solicitando una quita del 99 %. El caso era del de socios avalistas de unas constructora que tenían una deuda de más de 4 millones de euros. En este caso, esta justificada la quita del 99 % porque era imposible pagar más con ese importe tan desmesurado de deudas. La propuesta de pagos era realista en relación los ingresos de los socios deudores y los gastos de la unidad familiar.

Y en  cuarto lugar, el requisito del pago de un determinado umbral de pasivo. Existen dos vías para cancelar las deudas.

  • La primera vía es la del art. 178 bis 3 apartado 4 de la ley concursal, que estable que para ser deudor considerado de buena fe, tiene que satisfacer en su integridad los créditos contra la mas, y los concursases privilegiados.
  • Y la segunda vía es que  si no hubiera intentado un AEP, al menos, el 25 % de os créditos ordinarios.

Lo que pretende el legislador es que se intente un acuerdo con los acreedores. Si con la liquidación no cubre con los umbrales de pago anteriores, podrá obtenerse la cancelación de las deudas si se somete a un plan de pagos del art. 178 bis 6 LC.

Los juzgados están considerando cancelar todas las deudas, con la excepción de liquidar la vivienda habitual del deudor, cuando éste ha mantenido el pago de las cuotas de la hipoteca con cargo a la masa, y siendo el valor de la garantía o de la hipoteca superior al valor razonable de dicho bien.

En este caso, se excluye del plan de liquidación la vivienda habitual.

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